Opinión

Unión Europea y sus posibles sanciones al régimen de Maduro en Venezuela

Madrid, 18 jul.- Esta semana la prensa mundial se hacía eco de un pronunciamiento por parte de la Unión Europea, en el cual se exponía que se encontraba preparada para aplicar nuevas sanciones hacia funcionarios del régimen venezolano debido a las reiteradas violaciones de derechos humanos. La declaración era realizada por la jefa de política exterior Federica Mogherini, quien hizo referencia específicamente al caso de la muerte de Rafael Acosta, mientras se encontraba bajo custodia del régimen y era procesado por un presunto delito de conspiración para dar un golpe de Estado a Nicolás Maduro.

De acuerdo a la propia funcionaria, …“La Unión Europea está decidida a comenzar a aplicar medidas específicas a los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la tortura y violaciones graves de los derechos humanos”, y así lo reseñaban diarios como El País, La Vanguardia y la Voz de América. A su vez, hizo un llamado a que se “efectivizaran” las conversaciones que se están llevando a cabo en Barbados, que esperaban resultados concretos y, en caso de esto no darse, las medidas de sanción serían ampliadas.

Aun así, Mogherini aclaró que de observarse avances “sustanciales” estas sanciones son susceptibles de ser revertidas.

Esto evidentemente no tardó en generar reacciones por parte de la administración de Maduro emitiendo un comunicado donde rechazaba las declaraciones de Mogherini y acusando al organismo regional de intromisión, de irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos y de promoción de un recrudecimiento del conflicto.

Pero para poder entender de qué manera opera la Unión Europea y cuáles pueden ser los efectos de estas sanciones o cómo funcionan tenemos que adentrarnos en su carácter institucional y procedimental.

En materia de sanciones, las decisiones son adoptadas a través del Consejo de la Unión bajo una propuesta formulada por la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; sin embargo, esto no queda aquí; existe toda una estructura institucional encargada de valorar la propuesta y de continuar llevándola a cabo; entre ellos se encuentra el grupo responsable de la región geográfica, el grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores y, de ser necesario, otros organismos como el Comité Político y de Seguridad y los Comités de Representantes Permanentes.

Ya revisado, esta decisión se toma por unanimidad y ¿cuál puede ser la relevancia de este aspecto?. Se debe entender que ya se está haciendo referencia a un proceso, en el cual independientemente del sistema de alianzas, sociedades o pactos de caballeros, en este caso, todos los miembros están de acuerdo. Se va a lo macro más allá del bilateralismo y significa que existe una real y manifiesta preocupación.

Más allá de eso, cuando ya se ha tomado una decisión se publica un reglamento denominado Diario Oficial. En este reglamento, se exponen las medidas y sus alcances y sus condiciones de aplicabilidad.

En el caso de Venezuela, este Reglamento de Ejecución ya existe y fue publicado el 6 de noviembre de 2018 haciendo referencia a diferentes aspectos. Aparecen nombres de funcionarios como responsables de menoscabar la democracia y el Estado de Derecho a través de medios de comunicación, se hace mención a buques petroleros de multinacionales asiáticas y se hace clara mención a la malversación de fondos y desvíos de activos. Cabe destacar que las sanciones no son hacia la ciudadanía en general y en realidad se encuentran perfectamente especificados. Van desde la congelación de activos financieros hasta le revocación de cualquier tipo de visado que le permita el libre ingreso y tránsito a cualquiera de los países pertenecientes a la sanción.

Ahora bien, cuando la Unión Europea inicia un proceso se propuesta y discusión para la aplicación de medidas sancionatorias también hace uso de una serie de parámetros, ya que no por cualquier cosa se va a realizar esta acción. En general, las sanciones van dirigidas a aquellas personas jurídicas, instituciones o agentes que vayan en contra de los principios y valores de la misma y que se encuentran claramente establecidos en el Tratado de Lisboa. Sin embargo, en esencia, los motivos para sancionar pueden ser el terrorismo, la proliferación nuclear, la violación de los derechos humanos, anexión de un territorio extranjero o la deliberada acción de desestabilizar una nación soberana.

De hecho, existe el Mapa de Sanciones de la Unión, el cual puede ser visitado para poder delimitar cuáles son las sanciones reales que se están aplicando. A Venezuela le acompañan países como Rusia, Ucrania, Yemen, Siria, Serbia, Montenegro e incluso los Estados Unidos; esto último vale la pena mencionarlo para que los radicalismos en materia de aliados y contra aliados se hagan a un lado. En el caso de este último se trataba de cuestiones de legislación territorial y la Unión Europea optó por crear una nueva medida, en la cual se permitía que los Estados Miembros aplicaran cualquier legislación o acción necesaria para proteger sus activos, sus ciudadanos y cualquier patrimonio que ellos considerasen pudiesen ser vulnerados por las leyes norteamericanas.

Pero volvamos a Venezuela. La lista es larga. No tan larga como otros países como Irán, Corea del Norte, Siria o Ucrania; pero sí específica. Esquematizado en el Mapa de Sanciones se encuentran medidas restrictivas para la exportación de armas, la congelación de activos financieros de funcionarios de gobierno, la prohibición y restricción de libre entrada y tránsito para funcionarios de gobierno, la restricción en la comercialización de armas o cualquier equipo utilizado por fuerzas de seguridad – esto con ocasión a la represión – y la restricción de equipos de telecomunicaciones.

La última actualización de estas sanciones data del 9 de julio del presente año y expiran el 14 de noviembre; no significando esto que se vayan a eliminar, sino que se someterán a nueva discusión. La lectura general es digna de reflexión. La Unión Europea ha sido bastante clara, lo expone – en inglés – …“relation to those responsible for serious human rights violations or abuses or the repression of civil society and democratic opposition, and those whose actions, policies or activities otherwise undermine democracy or the rule of law in Venezuela”. A los responsables de las serias violaciones de los derechos humanos, los abusos y la represión de la sociedad civil y los miembros de la oposición y a todos aquellos cuyas acciones, políticas o actividades hayan menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela.

Basado en la filosofía de este organismo regional, la Unión Europea sigue apostando por una “solución pacífica” que cabe destacar debe interpretarse como el “no uso de la fuerza”. En estos momentos, en los cuales todo está tan a flor de piel se debe entender que la solución pacífica no significa ceder ante la demanda de uno o de otro, la solución pacífica significa retomar la Institucionalidad y el Estado de Derecho, sin necesidad de acudir a medios de represión, o el uso de la fuerza por algo muy sencillo. El uso de la fuerza en materia internacional no está contemplado, sino como una medida de excepción y, de hecho, por encima de ello se encuentran las normas de Derecho Internacional Humanitario. Las partes saben que para que ese Derecho Internacional Humanitario se cumpla las condiciones deben darse.

Observando el escenario geopolítico nacional, las condiciones aún no están dadas para que ese Derecho Internacional Humanitario prevalezca y se imponga porque hay muchas cosas que reestablecer así sea a su mínima expresión.

Eso sí, aun cuando haya pataleos, comunicados, declaración de intenciones, movilizaciones y tweets de artistas e influencers nacionales e internacionales, por mucho que se pretenda hacer uso de esas notas de protesta, la única realidad es que sí, para el mundo entero, en Venezuela la violación sistemática de derechos humanos y la persecución son una realidad imposible de negar, imposible de cubrir. Quedará ver si finalmente deciden poner fin a ello, o aún quedan medidas, áreas, enlaces y puntos que de ir añadiéndose colocarán a un otrora país ejemplo de democracia al lado de países de alta peligrosidad en el mundo.


“La pobreza espiritual produce la obstinación. No creemos fácilmente en lo que está más allá de lo que alcanzamos a ver.” FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD

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Corina Cortes

Abogada. Magister en Derecho Internacional con estudios en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Analista para radio y televisión. Creadora de Agenda Mundo 2.0. Contacto: cortesinternacionalista@gmail.com

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