Opinión

UE y el retiro de la inmunidad parlamentaria a diputados de la oposición venezolana

Madrid, 16 may (Corina Cortes).- Este miércoles la Unión Europa, a través de su alta representante de Asuntos Exteriores, emitió un comunicado, en el cual condenaba las medidas tomadas en contra de los miembros de la Asamblea Nacional venezolana, indicando que podrían ser consideradas una clara violación de los derechos civiles y políticos, específicamente los que tienen que ver con el debido proceso.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia insiste en que los diputados tienen responsabilidad “en la comisión flagrante de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada”… de acuerdo a lo publicado por el diario El Nacional esta misma semana.

Igualmente sucedía con la agencia EFE, la cual publicaba que para la Unión Europea… “Tales medidas solo contribuyen a una mayor polarización de la situación en el país. La Unión Europea subraya la necesidad de respetar en su totalidad la Constitución del país, así como los derechos civiles de los legisladores y su inmunidad parlamentaria”…

Pero, ¿por qué es tan importante una inmunidad parlamentaria? Si revisamos lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 200, donde podemos leer que… “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo”…

Y es aquí donde nuevamente observamos ese vacío de dupla institucional que existe en el país. De acuerdo al propio artículo, es competencia privativa del TSJ conocer de delitos cometidos por los diputados y corresponde al mismo coordinar con la Asamblea Nacional para retirar la inmunidad parlamentaria e iniciar un proceso. Pero, ¿qué puede suceder cuando quienes están iniciando todos estos mecanismos son instituciones cuya legitimidad y legalidad se encuentran en tela de juicio? Estamos ante un caso en el cual hay una Asamblea Nacional Constituyente que no está siendo reconocida por muchos miembros de la comunidad internacional; estamos haciendo referencia a un Tribunal Supremo cuyo nombramiento aún guarda vacío legal.

A su vez; ¿Está realmente el Tribunal Supremo de Justicia actuando de manera privativa como una competencia propia o particular? ¿O está actuando obedeciendo instrucciones? Desde su nombramiento, el cual fue hecho en un período de transición administrativa, lo cual siempre ha puesto en entredicho su legitimidad el nuevo TSJ, ha actuado rompiendo con su propia visión de “garantizar la democracia social y la justicia eficaz y una administración de justicia imparcial, transparente, racional, equitativa, expedita, autónoma, eficaz, integral y accesible al justiciable”

Es así como que el hecho de que vaya contra sí mismo podría desembocar en una crisis institucional y un vacío, que es lo que precisamente se ha venido criticando dentro de las instancias internacionales. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia pareciera que va contra sí mismo, violando su artículo 2 donde se establecía su autonomía funcional, financiera y administrativa.

Retirar la inmunidad parlamentaria a un diputado de una Asamblea Nacional, no la Constituyente, la Asamblea Nacional la cual es la institución parlamentaria reconocida, no solo por la comunidad internacional, sino por la propia población venezolana, la cual en los últimos meses se ha movilizado para solicitar sea reconocida la situación que se vive en el país por la grave crisis humanitaria, la cual ya no es secreto para nadie.

Entonces, ¿por qué es importante la inmunidad parlamentaria con respecto a estos diputados? Y ¿por qué hace tanto énfasis en este tema?

De acuerdo al Parlamento Europeo… “La inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal de los diputados, sino que garantiza que un diputado pueda ejercer libremente su mandato, sin ser objeto de persecución política arbitraria. Como tal, es una garantía de la independencia e integridad del Parlamento como institución”

Estamos hablando de la libertad de acción que se tiene para cumplir con una de las funciones fundamentales para lo cual la institución ha sido creada. Escuchar la voluntad popular, valorar lo que está sucediendo dentro del territorio, velar por la estabilidad y la seguridad de la población y, especialmente, representar la voluntad popular.

La Unión Europea necesita que Venezuela garantice, no a sus diputados, sino que el pueblo venezolano sienta que está plenamente protegidos por sus representantes; y esto se encuentra establecido en instrumentos internacionales de derechos políticos y civiles de los cuales la nación es signataria. De hecho, la constitución venezolana es una de las constituciones que tiene en sus primeros artículos los derechos y garantías fundamentales, y el retirar la inmunidad parlamentaria de los diputados es vulnerar los derechos humanos de los ciudadanos, es decirle a su ciudadano que no tiene voz ni voto, es colocarle en indefensión.

Ahora bien, si el TSJ sigue en su visión de imputar a estos diputados, la comunidad internacional que reconoce a Guaidó como presidente y que desconoce la legitimidad de la administración de Maduro, pueden tomar medidas políticas y diplomáticas que pueden acelerar procesos socio-políticos entre naciones. Ahora bien, irnos a valorar los delitos que se les están imputando, la situación puede volverse más peliaguda. ¿Quiénes están cometiendo realmente estos delitos? Si se está supuestamente “conspirando” contra la estabilidad institucional de la nación, ¿qué significa trasladar empresas estadales venezolanas a territorios de otros países? Si se está imputando la conspiración para delinquir y el tráfico de armas, ¿qué son los colectivos?, ¿cuál es la figura que se puede dar a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas la cual maneja armas, pero no se encuentra regulada por una ley nacional?, ¿cuál es el papel de los colectivos armados?

Se argumenta que se está protegiendo a la nación, ¿pero acaso la nación no es el pueblo y los ciudadanos? Si está imputando un delito de odio, ¿dónde quedan precisamente las alocuciones públicas de algunos funcionarios de Estado? Seguramente la Unión Europea y todos los demás miembros de la comunidad internacional lo saben. Se estaría ante un punto de tensión que sembraría un precedente para lo que puede pasar.

“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”. PLATÓN

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Corina Cortes

Abogada. Magister en Derecho Internacional con estudios en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Analista para radio y televisión. Creadora de Agenda Mundo 2.0. Contacto: cortesinternacionalista@gmail.com

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