Opinión

UE rechaza invitación de Maduro para elecciones legislativas

Derechos políticos y electorales, derechos humanos y relaciones internacionales.

Madrid, 15 ago.- El mundo sigue sumergido en una pandemia de altos costos económicos, sociales y políticos debido al COVID-19, pero si de algo debemos estar seguros es que, en el ámbito de las gestiones gubernamentales, buenas o malas, la vida debe continuar. Lo hemos visto con las elecciones de Bielorrusia, con el escándalo del Rey Emérito Juan Carlos I de España, con la presentación de la plantilla electoral del partido demócrata en los Estados Unidos y ahora con las próximas elecciones legislativas en Venezuela, las cuales deberían celebrarse el 6 de diciembre del presente año.

Y es que en los últimos años la administración de Nicolás Maduro no ha estado exenta de polémica debido a la forma en la cual se han llevado a cabo todos y cada uno de los procesos electorales, dejando en entredicho la transparencia, no solo de los resultados, sino todo lo que representa, desde el cuerpo electoral, la convocatoria y obviamente la inhabilitación de partidos políticos de oposición haciendo que el régimen salga fortalecido, no por contar con un apoyo incuestionable, sino la cuestionada manera de mantenerse en el poder.

Justamente esta semana la Unión Europea, a través de su representante de asuntos exteriores Josep Borrell, rechazaba la invitación de Maduro a que se enviara una misión de acompañamiento electoral a fin de garantizar que la misma se lleva a cabo cumpliendo con los requisitos y normas exigidas, tanto por las instituciones como por la normativa internacional. Europa en este caso ha indicado que considera que no se cuenta con el escenario idóneo para celebrar elecciones, ya que las mismas deben fundamentarse en la transparencia, la igualdad, la equidad y la justicia.

Este tema preocupa enormemente a Europa que cuando se habla de procesos electorales se habla de un tema más allá del quehacer político. Los derechos políticos y electorales son la base para garantizar al ciudadano y nacionales de un Estado la posibilidad de participar en la vida política del país al cual pertenecen, el derecho a expresar y manifestar libremente su ideología política, ejercer el voto directo, universal y secreto, asociarse con el partido de su preferencia y acceder a cargos como funcionario público, contando solo con las limitaciones que le pueda imponer la ley y que no tengan que ver con condiciones como raza, religión, sexo o condición.

La única forma de que un gobierno pueda garantizar la protección y promoción de la democracia en su territorio es precisamente a través del reconocimiento de los derechos electorales, origen mismo de la legalidad y legitimidad del sistema y las instituciones.

Si bien la Unión Europea cuenta con sus propias normas, no debemos olvidar que es precisamente el “Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos” el que recoge de manera precisa el derecho que tiene la persona de participar en la dirección de los asuntos públicos de su país, de votar y ser elegidos periódicamente. En el caso del continente americano contamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde también se hace referencia a estos derechos y resalta los principios de igualdad y justicia y la obligación de los gobiernos de garantizar la libre expresión de la voluntad a través de los electores.

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Dentro de este escenario, el comunicado de la Unión Europea ha sido bastante preciso… “las condiciones no están dadas para que se lleve a cabo un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”… y ha sugerido que las mismas sean aplazadas.

Con relación a lo anterior, el gobierno venezolano ha respondido indicando que están procurando un acercamiento con algunos factores de oposición, lo cual para la Unión Europea es un buen paso, pero no suficiente.

Este escenario abre espacio para ciertas interpretaciones. La primera es que la Unión Europea debe tener en su poder algún tipo de información de enorme relevancia para que, luego de toda la polémica con el caso Guaidó y el haber insistido en la celebración de elecciones, en estos momentos no observe el proceso con recelo y desconfianza a tal punto de que ha convocado al Grupo de Contacto para reunirse con sus miembros a finales de mes. La Unión Europea de manera indirecta le está indicando a Venezuela que tiene que resolver su crisis de institucionalidad porque esto a la larga puede afectar las relaciones internacionales.

Por otro lado, esto no significa que no existan otros países o grupo de países que no vayan a acompañar el proceso. La administración de Nicolás Maduro tiene numerosos aliados y probablemente buscará plegarse a ellos como es el caso de Irán, México, Bielorrusia, China, Rusia, miembros del ALBA entre otros que puedan dar fe que las elecciones que se han llevado a cabo han respetado las normas básicas de derechos y garantías fundamentales.

Pero esto es un precedente importante. Y le corresponde a la sociedad civil venezolana dotarse de todos los conocimientos, herramientas, normativas y estrategias posibles para demostrar al mundo lo que ha venido denunciando a lo largo de los últimos años y es la falta de legitimidad de la administración. Para ello, sería ideal que se convocara desde ya la solicitud de un equipo técnico electoral de la Organización de Estados Americanos y de la ONU siguiendo el ejemplo de lo sucedido en Bolivia. De demostrarse lo anterior, el escenario se prestaría a ser una repetición un poco más peligrosa por su posición geoestratégica.

Finalmente, se abre un mayor espacio para poder llevar el caso a instancias internacionales como lo han hecho otros países, donde se pueda demostrar que lo que ha acontecido en el país en la última década ha violado de manera sistemática, evidente, sin reparo el derecho fundamental que nos hace nación y nos hace patria.

Y es que la violación de los derechos y garantías políticas y electorales no solo es violación de los Tratados internacionales de Derechos Humanos, es violación de los Textos Constitucionales, es violación de las leyes orgánicas, es la negación expresa de la legitimidad de una institución y con ello la imposición de un “estado de facto” con papeletas. Y en la actualidad, la comunidad internacional está renuente a seguir aceptando este tipo de acciones.

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Corina Cortes

Abogada. Magister en Derecho Internacional con estudios en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Analista para radio y televisión. Creadora de Agenda Mundo 2.0. Contacto: cortesinternacionalista@gmail.com

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