Opinión

Redes sociales: libertad de expresión vs censura y privacidad

Madrid, 11 ene.- La agitación ante la censura en redes sociales no solo es por el cierre de la cuenta de Trump, independiente del contenido de sus publicaciones, el tema va más allá de eso.

Al cerrar la cuenta del presidente, las redes sociales están tomando una posición de tipo editorial y eso contraviene normas que las rigen en los EEUU, específicamente la Sección 230 de la Communications Decency Act de 1996. Las mismas empresas dueñas de las redes han pedido durante años que no sean tratadas como medios de comunicación porque no tienen posición editorial y son solo plataformas en las que cada individuo es responsable de lo que publica.

Dicha sección 230 les exime de responsabilidad a los intermediarios de Internet, incluyendo no sólo redes sociales sino también foros y portales de información, en aras de favorecer la libertad de expresión.

La Sección 230 de la Communications Decency Act es la pieza clave de legislación federal que protege a los proveedores de servicios en el entorno digital, creada, originalmente, para regular y restringir específicamente los contenidos “indecentes” y “obscenos” en internet. En octubre de 2020 los propios CEOs de Facebook, Twitter y Google comparecieron en el Congreso para abogar por mantener la vigencia de esa ley.

Si bien es cierto que en cuanto a la desinformación y “fake news” la sección 230 mencionada permite a los responsables de las plataformas moderar los contenidos de los usuarios, pudiendo restringirlos, editarlos, eliminarlos y/o introducir advertencias o avisos, sobre todo en caso de quebrantarse explícitamente una ley (por ejemplo, en el caso de pedofilia).

El origen de la sección 230 se remonta a 1995 cuando la Corte Suprema de Nueva York determinó que Prodigy Services Co. (servicio en línea de 1984 a 2001 que ofreció a sus suscriptores acceso a una gama de servicios en red, que incluyeron noticias, clima, compras, tablones de anuncios, juegos, encuestas, etc.). Ocupaba la posición de “editor” debido a que llevó a cabo actividades de moderación y se convirtió en responsable de los comentarios introducidos por un usuario anónimo en el que se acusaba a Stratton Oakmont Inc. (casa de corretaje “de venta libre “ de 1989 a 1996, que estafó a muchos accionistas, lo que llevó al arresto y encarcelamiento de varios de sus ejecutivos) de haber cometido actos fraudulentos.

Si Prodigy no hubiera llevado a cabo ninguna acción de moderación del contenido, no habría sido considerada como parte responsable, pues el contenido habría estado protegido por el derecho a la libertad de expresión.

El resultado de ese caso es el responsable directo de la aprobación de la citada sección 230 que tiene como objetivo evitar la responsabilidad de las plataformas por los contenidos introducidos o aportados por sus usuarios, aun cuando los mismos sean moderados por ellas, en esa época no existían Google ni Facebook.

Dicha sección reza: “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”. El presidente Trump en mayo de 2020 firmó una orden ejecutiva, donde se propone que reguladores federales como la comisión federal de comercio puedan sancionar a las compañías tecnológicas sobre los criterios que usan para moderar contenidos. La normativa actual se basa en que las empresas realizan esas funciones «de buena fe».

El sector más conservador de las cámaras legislativas de Estados Unidos considera que mantener la Sección 230 de la CDA en vigor, supone otorgar poderes de censura contrarios al espíritu de la norma. El senador Ted Cruz crítica la norma señalando que permite a las empresas tecnológicas actuar con parcialidad.

Así mismo, en el otro extremo también ha habido críticas, en diciembre de 2019, Bernie Sanders señaló que las plataformas digitales no deberían gozar de inmunidad cuando permiten que circule contenido que promueve y facilita la violencia.

En España, la responsabilidad por el contenido alojado en las plataformas se rige por la Ley 34/2002, de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, sin embargo, las redes sociales no serán responsables siempre que actúen con diligencia y colaboren con las autoridades para interrumpir el servicio o para retirar un contenido ilícito de la red y sí que pueden incurrir en responsabilidad si toman una participación activa en su elaboración o si, conociendo la ilegalidad de un determinado material, no actúan con rapidez para retirarlo o impedir el acceso al mismo.

Casos emblemáticos de censura

Durante mucho tiempo ha habido acusaciones contra las redes sociales por una posible falta de imparcialidad en la forma en que moderan o retiran contenidos, entre los casos más emblemáticos en los que las redes han cercenado la libertad de expresión se puede citar el del bloqueo de Instagram a dos caricaturistas de la revista Charlie Hebdo el día 06 de septiembre del 2020, cuando compartieron la portada de la revista. incluía una ilustración de Mahoma, la misma por la que la revista fue blanco de un atentado terrorista en enero de 2015 y por la que fue degollado recientemente en octubre pasado un profesor en París a manos de un fundamentalista. En ese caso, Mélanie Agazzome, directora de comunicación de Instagram para Francia y el sur de Europa se disculpó alegando un error.

El 22 de enero de 2020 el responsable de comunicación del partido Vox, la tercera fuerza política en España, denunció que Twitter censuró al partido político alegando supuesta incitación al odio debido a un mensaje dirigido a la portavoz ante el Parlamento del PSOE, partido de gobierno, mensaje enviado en un toma y dame de ambos políticos con palabras subidas de tono referentes a la ley del llamado pin parental. La red social pidió al partido retirar el mensaje y ellos se negaron a hacerlo.

El 21 de noviembre de 2019 el expresidente Álvaro Uribe denunció que su cuenta de Twitter no le permitía publicar noticias sobre bloqueos y actos vandálicos sucedidos durante un Paro Nacional que fue muy polémico en Colombia.

En septiembre de 2019 la red social Twitter suspendió en bloque diversas cuentas del oficialismo cubano, incluidas las del diario oficial Granma y la del exdictador Raúl Castro, entre otras. Un portavoz oficial de la red indicó que se debió a la política contra amplificar una conversación o minarla usando múltiples cuentas.

En abril 2019, una semana antes del inicio de las elecciones en India, Facebook borró 700 páginas con contenido político que mostraban patrones de comportamiento no humano.

Sin embargo, el más reciente y más polémico es el bloqueo y restricciones al presidente en funciones de los Estados Unidos, Donald Trump, por parte de las redes sociales más populares: Facebook, Twitter, Google, Instagram, YouTube, Spotify, Snapchat, Shopify, Reddit y Twitch, debido a sus polémicos mensajes alentando a sus seguidores a dirigirse al Capitolio que decantó en un asalto violento a la institución legislativa en Washington DC.

En contrapartida al bloqueo del mandatario se suceden varios acontecimientos, sus seguidores invitan a unirse a redes paralelas, menos conocidas: Parler (en sustitución de Twitter), Gab/MeWe (por FB e Instagram), Rumble (por Youtube), Duckduckgo (por Google), Brave (por Chrome), Telegram (por WhatsApp).

Sin embargo, la suspicacia aumenta cuando las grandes tecnológicas como Google, Apple y Amazon bloquean o retiran de sus servidores e impiden a sus usuarios descargar la aplicación Parler, impidiendo el acceso a esa plataforma alternativa que ha ganado muchísimos usuarios.

La decisión de las tecnológicas se sustenta en una supuesta proliferación de contenidos violentos, sin embargo, desde 2018 Parler (similar a Twitter) era territorio de extremistas y ahora, se ha convertido en una red utilizada por muchos conservadores, incluidos senadores Republicanos. La app señala que sus creadores están “agotados de la falta de transparencia en las grandes tecnologías, la supresión ideológica y el abuso de la privacidad”, su mensaje de bienvenida señala: “Habla con libertad y exprésate abiertamente, sin temor a ser eliminado de las plataformas por tus opiniones”.

Es interesante estudiar el fracaso de los gigantes tecnológicos cuando han intentado controlar la desinformación, en 2019 uno de los autores del atentado en dos mezquitas de Nueva Zelanda emitió en directo parte del ataque en Facebook y el vídeo circuló en esa red y en Instagram durante meses. Facebook ha servido como difusor del odio en Myanmar, donde sucede el genocidio rohinyá; así como, distintas redes sociales han contribuido a la difusión del odio y la estigmatización de la disidencia en Venezuela por parte de los regímenes de Chávez y Maduro; Facebook también enfrentó duras críticas debido a su influencia en la opinión pública que decantó en el Brexit.

Privacidad

Todo este panorama se sucede en paralelo a la aparición de las nuevas condiciones de WhatsApp que obliga a sus usuarios (residentes fuera de la Unión Europea) a aceptar que la aplicación comparta datos personales entre WhatsApp, Facebook, Instagram y Messenger.

Los datos que WhatsApp compartirá con otras empresas de Facebook son el Número de teléfono, información proporcionada en el registro como el nombre, información sobre el teléfono (marca, modelo, empresa de telefonía, dirección IP), ubicación de la conexión a internet, pagos y transacciones financieras realizadas a través de WhatsApp, contactos, actualizaciones de estado, cuándo WhatsApp es usado y por cuánto tiempo y números de identificación únicos para los teléfonos de los usuarios.

Es interesante que debido a las estrictas regulaciones de privacidad en Europa introducidas en los últimos años la app no compartirá dichos datos de los usuarios del viejo continente, sin embargo, las aplicaciones alternativas como Signal y Telegram han aumentado significativamente las descargas en el mundo entero, más de cien mil usuarios instalaron Signal y Telegram suma más de 2.2 millones de descargas.

La lupa al discurso de Trump

Si bien es cierto que el discurso político está protegido por el derecho, también es cierto que el discurso de odio y violencia no. El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, claramente ampara la libertad de expresión e indica que no puede estar sujeta a censura previa sino a responsabilidades ulteriores; también indica que estará prohibida toda apología del odio nacional, racial o religioso.

El discurso del presidente Trump publicado en Twitter ha sido interpretado como incitación al odio e incluso de socavar la democracia; sus palabras fueron: “Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas (…) Vamos a intentar darles a nuestros republicanos, a los débiles, porque los fuertes no necesitan nuestra ayuda, el tipo de amor propio y audacia que necesitan para recuperar nuestro país (…) Sé que todos los presentes pronto marcharán hacia el edificio del Capitolio para hacer oír sus voces de manera pacífica y patriótica”. Sin embargo, en días previos utilizó Twitter para arengar una “Gran protesta en DC el 6 de enero” que utilizaron miembros de movimientos como QAnon y ProudBoys, entre otros, para hacer un llamado a ocupar el Capitolio.

Es muy delgada la línea que utilizaron las redes sociales para bloquear a Trump, no se podría catalogar su discurso como “de odio”, por consiguiente se aplicarían las responsabilidades ulteriores por los tribunales competentes, sin embargo, las grandes tecnológicas tomaron una decisión en base a interpretaciones y especulaciones.

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Twitter publicó que la motivación del bloqueo se debió a que determinaron que era muy probable que las publicaciones del Presidente alentaran o inspiraran a las personas a replicar actos delictivos como los ocurridos en el Capitolio, que les puede incentivar a ejecutar actos violentos durante la toma de posesión de Biden porque él no asistirá, indican que sus palabras “patriotas estadounidenses” se interpretan como apoyo a grupos violentos y que otras frases como “no se les faltará el respeto ni serán tratados injustamente” se pueden interpretar como una indicación que el Presidente no planea facilitar una transición ordenada.

Sin ánimo de justificar la actuación de Donald Trump, el contenido de las razones y justificación de la plataforma para sus actos respecto a la cuenta del presidente, se observa claramente arbitrariedad y censura previa por considerarle peligroso en función de unas reglas de moderación de contenidos de un privado que se convierte en fiscal, juez y jurado de un derecho humano fundamental, la libertad de expresión.

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José Ángel Cuadra

Periodista y consultor en Comunicación Estratégica, escritor, facilitador y docente universitario con más de 23 años de experiencia en Latinoamérica y España. Miembro de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España.
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