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Presidente de Ecuador traslada sede del gobierno a Guayaquil

Lenin Moreno acusa a Maduro y a Correa de querer darle un golpe de Estado.

Quito, 07 oct.- El presidente Lenín Moreno afirmó el lunes que trasladó la sede del gobierno a la ciudad portuaria de Guayaquil y acusó a su colega venezolano Nicolás Maduro y al exmandatario Rafael Correa por lo que llamó un intento de golpe de Estado luego de anunciarse un alza a los precios de la gasolina.

En cadena nacional de radio y televisión, Moreno argumentó que el traslado de la sede gubernamental desde Quito a Guayaquil se cumplió de acuerdo con las atribuciones constitucionales.

“Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido”, y señaló que no es coincidencia que Correa y otros altos funcionarios de ese gobierno (2007-2017) se hayan reunido en Venezuela en las últimas semanas.

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia cercándolos para que respondan; ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando … e instrumentalizando algunos sectores indígenas”, precisó.

Añadió que no dará marcha atrás en su decisión de subir los combustibles porque “lo correcto no tiene matices”.

Hizo su pronunciamiento al final de una jornada plagada de bloqueos en carreteras y ciudades de algunas provincias en medio de choques entre manifestantes y la policía, al continuar las protestas para rechazar el incremento en los precios del combustible anunciado por el mandatario hace una semana.

Indígenas se sumaron el fin de semana a las protestas _iniciadas por transportistas_, las cuales han paralizado diversas actividades. El gobierno ha sostenido que no dará marcha atrás a su decisión de quitar el subsidio a los combustibles, argumentando que ello ayudará a estabilizar la caja fiscal.

En el transcurso del lunes las protestas adquirieron tintes de gran violencia: algunos manifestantes esquivaron barricadas policiales y militares en las afueras de Quito, e incluso se apoderaron de una tanqueta policial, la incendiaron y la lanzaron por una pendiente, mientras que en otros lugares atacaron sin motivo propiedad y vehículos particulares.

El ministerio de Energía informó que debido a tomas de instalaciones petrolíferas se paralizó la operación en los pozos Sacha, Auca y Libertador, los que dejaron de producir unos 65.000 barriles de petróleo diarios.

Las protestas han traído a la memoria de algunos ecuatorianos lo ocurrido a principios del siglo XXI, cuando el entonces presidente Lucio Gutiérrez dejó el poder en abril del 2005 luego de varios días de protestas sociales en medio de críticas a su gestión, aunque hay quien aún ve una situación distinta.

En aquel momento, ciertos sectores de la población se opusieron a algunas de las medidas tomadas por Gutiérrez, un coronel retirado, como la destitución de los miembros de la Corte Nacional de Justicia.

“No creo que caiga Moreno, porque la oposición política no está unificada y porque hay otros sectores, como las cámaras, los empresarios (que) tampoco quieren la desestabilización, (y) finalmente porque los militares están cerca del presidente”, dijo a The Associated Press el analista político Santiago Basabe.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, señaló en entrevista con la red de televisión Teleamazonas que “tenemos en este momento un grupo de indígenas que está destruyendo el orden y quebrantando la paz social, afectando a la infraestructura pública y privada”. Por la tarde, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, señaló en rueda de prensa que el país registra pérdidas por 70 millones de dólares diarios debido a la paralización de actividades y la imposibilidad de transporte entre provincias.

El jueves pasado, los transportistas declararon una huelga de actividades. Posteriormente se unieron grupos de estudiantes y finalmente los indígenas, a los que Moreno invitó el domingo a dialogar. El mandatario advirtió que no dará marcha atrás a las medidas decretadas, que buscan eliminar un subsidio de 1.300 millones de dólares a los combustibles.

Las autoridades confirmaron cerca de 480 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.

Información de la agencia de noticias AP

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