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Misión de determinación de hechos para Venezuela en Consejo de DDHH

La reacción por parte de la República Bolivariana de Venezuela tardó un poco en llegar, pero vale la pena valorar ya que esto también sirve para darle un nivel de objetividad a las funciones de los Organismos Internacionales ante la violación de los Derechos Humanos independientemente de las ideologías.

En fecha septiembre 2019 en su 42 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos se dio una Resolución A/HRC/42/4 donde se exponía la grave situación que se vivía en Venezuela y la preocupación por parte de los miembros de la comunidad internacional. En este sentido, esta resolución así como una posterior identificada como A/HRC/RES/42/25 de fecha Ocho (8) de Octubre insistía en condenar las muertes de más de 6.000 personas durante las protestas en el 2018, la constante y sistemática violación de los derechos humanos por parte de las autoridades de seguridad y exhortaba al estado venezolano a cumplir con los protocolos internacionales en materia de derechos y garantías fundamentales así como a restaurar los derechos humanos previamente vulnerados.

Aparentemente, la República Bolivariana de Venezuela había aceptado colaborar y trabajar de manera conjunta a fin de restaurar la paz y la estabilidad de la nación, sin embargo, basado en la falta de confianza y en la poca celeridad otorgada se decidió crear una Misión de Determinación de Hechos la cual delimitaremos a continuación:

¿Qué es una misión de determinación de hechos?

Así como existe la sociedad civil como una forma de velar por el cumplimiento de las normas referidas a derechos humanos, así como a defender a la población, las Misiones de Determinación de Hechos son grupos de expertos nombrados por mandato de la Organización de las Naciones Unidas y empleados para dar respuesta a situaciones donde la violación del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos es muy grave y se corre el riesgo de impunidad para los responsables.

A tal fin, la Misión de Determinación de Hechos como equipo técnico y de investigación cuenta con una serie de acciones que son aportadas y perfeccionadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como es la elaboración de una guía de trabajo, asesoría en materia conceptual, jurídica y metodológica, diseño e implementación de herramientas de investigación y apoyo en diversas áreas que puede ser logístico, jurídico, administrativo, de policía y de seguridad.

Otro aspecto importante en esta materia es el hecho de que quienes pertenecen a estas misiones no sólo son especialistas en materia de derecho penal internacional o justicia transicional, sino que sus miembros han de ser nacionales de países diferentes al investigado a fin de lograr la imparcialidad. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, los miembros provienen de Portugal, Chile e Irlanda.

¿Cuáles pueden ser los efectos de la creación de una misión de determinación de hechos?

Inicialmente, el principal efecto es la capacidad que se tiene de que casos como el de Venezuela puedan ir directamente ante la Corte Penal Internacional actuando por iniciativa la propia Organización de las Naciones Unidas. Si se llega a determinar que en el territorio venezolano se han cometido crímenes de lesa humanidad el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU puede remitir a la Institución Penal por excelencia el caso y por iniciativa de la Fiscalía de la Corte la misión puede ser parte de la investigación y la presentación de pruebas. Aunque, cabe destacar, esto no es del todo definitivo y puede tardar mucho tiempo al menos el de tomar una decisión, pero no por ello se deja de evitar que se sigan abriendo expedientes en contra de funcionarios del gobierno venezolano.

¿Cómo reaccionó Venezuela?

Obviamente, como suele suceder, la administración venezolana emitió un comunicado a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores donde exponía lo siguiente:

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza la conformación de una pretendida Misión de Determinación de Hechos para Venezuela en el seno del Consejo de Derechos Humanos, como resultado del vergonzoso uso político de los mecanismos de este Consejo por parte de un grupo reducido de gobiernos con graves expedientes de violación de Derechos Humanos, en su obsesivo afán de atacar las legítimas instituciones del Estado venezolano y de ocultar las graves crisis sociales que enfrentan y que han conmovido a la opinión pública mundial”…

Lo anterior resulta sumamente irónico si nos ponemos a pensar que; el gobierno venezolano hizo un enorme esfuerzo por ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU; cuando fue electo hizo referencia a que había triunfado la igualdad y el reconocimiento de la labor ejecutada por el país en la promoción de los derechos humanos; agradecía el apoyo y la lucha de quienes lo habían elegido. Habría que recordarle no solo a Venezuela sino todos aquellos que hacen referencia al tema que el asunto de los Organismos Internacionales no es tan simple como lo pueden imaginar y que si bien existen compromisos políticos los primeros que deben someterse al mandato de aquello que tanto defienden son sus propios integrantes.

En este caso, Venezuela, al ser electa como miembro del Consejo de Derechos Humanos habrá creído que se encontraba blindada contra cualquier investigación o denuncia y parece que se pasó por alto que en este caso quien realmente lleva la voz cantante suele ser la sociedad civil. A su vez, esta Misión no ha sido creada de la noche a la mañana por generación espontánea ya que los informes de Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos llevan más de cinco años elaborando informes en cuanto al tema de la violación sistemática de los derechos humanos en el país y aparentemente no se han terminado de cumplir con las recomendaciones así que, tarde o temprano esto tenía que suceder.

¿En qué beneficia a la población?

Hay que entender que cuando surge una Comisión Especial en tema de derechos humanos las acciones suelen ser escalonadas; van desde el informe y las recomendaciones, luego pasan por exhortos, pasan por la condena y un llamamiento a la acción hasta un proceso de denuncia y colaboración para la aplicación de sanciones. De alguna manera, esto sirve para que la población venezolana no se deje llevar por lo que se dice al cien por ciento porque a veces solamente estamos observando parte de la película y hemos dejado de valorar el todo. Paso a paso esto puede generar futuras reacciones por parte de miembros de la comunidad internacional, enfriamiento de relaciones, cambio de posturas – nadie quiere salir en la foto con un país que sistemáticamente viola los DDHH – hasta que los mismos involucrados deban verse en la obligación, que no en la necesidad, de rectificar.

Lo que sí, y no es beneficioso, es que, con la llegada de la próxima década, Venezuela abrirá el año ocupando un lugar penoso en la historia de los derechos y garantías fundamentales. Algo, que parecía solo sucedía a mediados del Siglo XX y con la Guerra Fría lo cual demuestra que el paso de los años no necesariamente representa evolución.

“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué comer y cuando los individuos y las naciones son libres.” 14º Dalai Lama

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Corina Cortes

Abogada. Magister en Derecho Internacional con estudios en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Analista para radio y televisión. Creadora de Agenda Mundo 2.0. Contacto: cortesinternacionalista@gmail.com

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