Venezuela

Maduro a las puertas de la Corte Penal Internacional

Madrid, 7 jun.- Nicolás Maduro está pronto a convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por la Corte Penal Internacional. El período de la actual fiscal, Fatou Bensouda, finaliza el 15 de junio de 2021 y el Informe sobre las actividades de examen preliminar del 14 de diciembre 2020, expresa en el aparte Conclusiones y próximos pasos: “La Fiscalía anticipa concluir el examen preliminar a fin de determinar si existe fundamento razonable para proceder a una investigación durante la primera parte de 2021”.

Los venezolanos en su gran mayoría esperan el avance a la fase de investigación, sin embargo, es una posibilidad que la decisión de la Fiscal sea no avanzar y cerrar el expediente; esta decisión podría ser revisada por la Sala de Cuestiones Preliminares I, que puede pedir al nuevo fiscal Karim Khan “que reconsidere esa decisión”; salvo que la decisión negativa de la fiscal tenga como fundamento que la continuación de la investigación no está en el “interés de la justicia”; en ese caso, la Sala tomaría una decisión vinculante a favor o en contra de la opinión de la Fiscal Bensouda.

Sin embargo, si ocurre lo esperado y el caso avanza, la Fiscalía tiene la obligación de investigar las circunstancias incriminantes y las eximentes, respetando los intereses y las circunstancias personales de las víctimas y testigos.

Uno de los primeros pasos de la oficina a cargo del nuevo fiscal Khan será el envío de una solicitud de colaboración a las autoridades del régimen de Maduro a través de los mecanismos diplomáticos regulares; pero el Estatuto permite al Estado rechazar una solicitud de asistencia si “se refiere a la presentación de documentos o la divulgación de pruebas que afecten a su seguridad nacional”, esa disposición puede ser usada por gobiernos que no desean cooperar con la Corte. Es importante mencionar que esta solicitud podría ser emitida durante un posible proceso de negociación y nuevos diálogos entre el régimen de Maduro y la oposición liderada por Guaidó.

En el supuesto que Venezuela se niegue a colaborar, la Fiscalía puede llevar a cabo la investigación sin el consentimiento y cooperación del régimen Venezolano; la Fiscalía puede requerir la cooperación de otros Estados u organizaciones internacionales, como el Grupo de Lima, La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la OEA, la CIDH, el Instituto Casla, la Misión Internacional Independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de DDHH de la ONU, entre otros.

La Fiscalía también puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares I que dicte órdenes de detención u órdenes de comparecencia.

La diferencia entre ambas radica en que la de comparecencia es dictada cuando hay indicios suficientes para que la persona imputada de haber cometido un crimen se presente voluntariamente ante la Corte; la orden de detención es emitida cuando será necesario asegurar la aparición del imputado en el juicio, para prevenir la obstrucción o evitar que continúen cometiendo los crímenes prohibidos por el Estatuto de Roma.

Si Maduro o algún otro alto funcionario del régimen es investigado, finalmente podría ser arrestado dentro de Venezuela o en caso de viajar a cualquiera de los 117 Estados parte del organismo. Una vez el imputado es capturado debe ser entregado, no extraditado, el Estatuto especifica una distinción entre los términos, la entrega es el traslado del imputado, por un Estado a la Corte; mientras que la extradición es el traslado de una persona por un Estado a otro Estado de conformidad con lo dispuesto en un tratado o en el derecho interno.

Es importante resaltar que Venezuela, tiene una norma constitucional que prohíbe la extradición de sus nacionales, por ello es previsible que el TSJ de Maduro no vea distinción entre los términos y refute un eventual traslado y entrega de un imputado.

Si el régimen de Maduro no colaborara y alguno de los investigados simplemente se limita a permanecer en Venezuela o viajar a países donde estará seguro que no lo detendrán, no podría ser juzgado; el Estatuto de Roma exige que el acusado esté presente para realizarse el juicio.

Una vez que la persona imputada es trasladada a la Corte, la Sala de Cuestiones Preliminares deberá determinar si permanece detenida o si se le otorga libertad condicional para enfrentar el juicio.

El Examen Preliminar contra Venezuela.

El Examen Preliminar es el proceso utilizado por la fiscalía de la Corte Penal Internacional para verificar la existencia de elementos que hagan presumir que un Estado parte o un nacional de un Estado parte del Estatuto de Roma ha cometido algún crimen competencia de la Corte.

Venezuela suscribió y ratificó el Estatuto de Roma el 7 de junio del año 2000 y el 8 de febrero de 2018, la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda anunció el inicio de un examen preliminar con objeto de analizar los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017, en “el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados”.  El 27 de septiembre de 2018, un grupo de Estados parte al Estatuto de Roma (Argentina, Canadá Colombia, Chile, Paraguay Perú) remitieron la situación de Venezuela, solicitando la extensión del tiempo bajo investigación partiendo desde el año 2014.

Los crímenes de lesa humanidad investigados están tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, se refieren a los ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid; otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

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La Fiscalía busca establecer al menos un “fundamento razonable” de la ocurrencia de estos hechos.

Fases

El Examen Preliminar contra el régimen de Maduro se encuentra en fase 3 de 4:

Fase 1 – Evaluación inicial

La Fiscalía recolecta toda información relevante necesaria con el fin de determinar si existen fundamentos razonables para comenzar una investigación. Se analiza y verifica la seriedad de la información.

Fase 2 – Competencia

La Fiscalía evalúa si el crimen cometido es de su competencia temporal, territorial y material.

Fase 3 – Admisibilidad

La Fiscalía analiza si existen procedimientos nacionales genuinos en relación con el caso en cuestión. Incluye el análisis de complementariedad, la CPI solo se involucrará si el Estado no está investigando o enjuiciando a los sospechosos de los crímenes.

También incluye un análisis de gravedad, que implica la escala, la naturaleza y el impacto de los crímenes en términos cuantitativos y cualitativos.

Fase 4 – Los intereses de la justicia

La Fiscalía evalúa si existen fundamentos para considerar que la investigación servirá o no a los intereses de la justicia, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y el interés de las víctimas.

Si la Fiscalía está convencida de que se cumplen todos los requisitos contemplados en el Estatuto, tiene un deber legal de iniciar una investigación.

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José Ángel Cuadra

Periodista y consultor en Comunicación Estratégica, escritor, facilitador y docente universitario con más de 23 años de experiencia en Latinoamérica y España. Miembro de la Asociación de Periodistas Venezolanos en España.
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