Opinión

Interpretación y perspectivas del informe de Michelle Bachelet a Venezuela

Madrid, 8 jul.- Michelle Bachelet fue a Venezuela ejerciendo funciones como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU y cumpliendo por lo establecido en su cargo se reunió con todos los agentes, factores e instituciones a fin de poder levantar un informe lo más imparcial posible en cuanto a la situación.

Cabe destacar que una semana antes de su visita al país ya había participado en una Cumbre llevada a cabo en Canadá donde hacía referencia a cuáles eran las limitaciones que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tenía y cuáles eran sus funciones específicas y facultades. Fue clara y precisa. El informe no fue de beneplácito de la administración de Nicolás Maduro, pero también sirve para esclarecer un poco que cuando se ejerce una función pública de carácter internacional no se trata de ideologías, de preferencias, de pasados políticos sino de un deber ser. Aun cuando suene pragmático.

El informe se puede ubicar en su página web https: //www.ohchr.org, esa y la respuesta que dio el gobierno de Venezuela respecto al tema. Para algunos fue un informe demoledor, pero para otros no es sino la continuación de todos los informes anteriores que se han recopilado a lo largo de los últimos años. Solo que esta vez, fue de primera mano. Veamos un poco los resultados y cuáles pueden ser las consecuencias.

A título general, el informe indica que en Venezuela se han violado Derechos Civiles y Políticos. Los Derechos Civiles y Políticos no solo se encuentran contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966; esto a nivel internacional. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela todos los derechos se encuentran contemplados en su Título III a partir del Artículo 19. El informe establece, detenciones arbitrarias, hegemonía comunicacional, violación del derecho al acceso a la información, aumento de la militarización de las instituciones del Estado, ampliación del aparato de seguridad del Estado y hace una especial mención a las Fuerzas de Acciones Especiales responsabilizándolas de ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad.

Condena las actuaciones de los cuerpos de inteligencia, la persecución y el uso excesivo de la fuerza. Menciona la falta de acceso a la justicia y la reparación adecuada, así como a la agresión a grupos vulnerables especialmente a mujeres, menores y minorías étnicas.

El informe no deja espacio y claramente establece que se violan todos los instrumentos internacionales relacionados con los Derechos Humanos y a su vez presenta un grupo de recomendaciones que vale la pena leer. Entre ellos haremos mención a los más resaltantes

En primera instancia ordena la detención, procesamiento y condena de todos aquellos que hayan sido responsables de uso excesivo de la fuerza, de actos arbitrarios, persecución y represión. Solicita el cese de todo acto intimidatorio, ataques, investigaciones que no incluyan el justo proceso y especialmente que garantice el derecho de las víctimas a interponer recursos ante la justicia actuando desde la imparcialidad, autonomía e independencia del sistema judicial.

Recomienda a su vez que se ponga en libertad a todas las personas que arbitrariamente hayan sido privadas de la misma y que se adopten las medidas efectivas de protección a todos aquellos grupos que se encargan de promover, proteger y defender los derechos humanos.

Es importante que se lea este apartado, porque no se puede ser agente multiplicador de enunciados que no son ciertos y entender que una recomendación de la ACNUDH no tiene carácter vinculante, pero si un carácter de presión diplomática y política internacional.

En cuanto a los cuerpos de seguridad constituidos, sin ningún tipo de pudor la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo referencia a que se disuelvan las FAES y que “con apoyo de la comunidad internacional” se investiguen las ejecuciones extrajudiciales y las operaciones de seguridad para una rendición de cuentas efectiva y segura.

Continuando, también solicitó se respete la libertad de información, se dé prioridad a los temas sociales de los grupos vulnerables y se revoque cualquier clausura de los medios de comunicación, así como el cese a la persecución de aquellos encargados de difundir la información.

Casi finalizando, solicitó el desarme el desmantelamiento de los grupos armados civiles progubernamentales y se garanticen los delitos que hayan podido cometer.

Por lo tanto, el informe además de crudo no deja para medias tintas especialmente cuando en su última página se solicita la Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes además de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

¿Qué lectura se le puede dar a esto? En el ámbito internacional, que un estado haya violado de manera tan sistemática, continua y evidente los Protocolos Internacionales de Derechos Humanos incluyendo aquellos mencionados en el párrafo anterior hace que ingrese en el listado de países susceptibles de sanciones diplomáticas internacionales incluyendo sanciones dentro de los Organismos Internacionales a los cuales pertenece por no obedecer los principios y valores constitutivos de los mismos.

A su vez, en este caso, no es realmente importante quienes son los aliados o contra aliados de la administración. La situación se está viviendo a niveles e instancias superiores que pueden activar otros mecanismos mucho más importantes como ya sucedió en su momento cuando Venezuela fue suspendida del MERCOSUR por la interpretación que el Bloque Regional hizo en cuanto a la ruptura del hilo democrático institucional.

 Complementando esto, de ser reconocida o agudizarse la situación que la Alta Comisionada ha presentado, la activación del Principio de R2P (Responsibility to Protect) de la ONU puede activarse, así como la autorización para una Intervención Internacional Humanitaria.

 Y, ya en última instancia, podría considerarse sin lugar a dudas que la administración venezolana es susceptible de ser imputada por Crímenes de Lesa Humanidad ante la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, desde la visión del ACNUDH esto apenas comienza.

 Pero hay otra cara de la moneda aquí. La respuesta de Venezuela. Esta parte de la cual casi nadie comenta. Así como el informe fue crudo y frontal, el gobierno no podía dejar de defenderse y de alzar su voz como lo ha hecho en los últimos años y dentro de sus Consideraciones Generales observamos comentarios como que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada, que hay una distorsión en cuanto a los resultados de las debilidades.

  Un poco más irónico es que comente que el 82% de las entrevistas son de personas que se encuentran fuera del país y esto resulta preocupante a lo cual cabría responderle lo siguiente. “¿Está consciente la administración que estás personas se encuentran en campos de refugiados, que muchos son asilados políticos, que algunos se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad y que han literalmente huido del país por estar sometidas a situaciones de profundo sufrimiento?”. Más allá de ello, el informe del ACNUDH informó de donde recopiló la información y lo desmiente además de que, yo me encuentro fuera del país y a mí nadie me ha preguntado nada; creo que a muchos de mis coterráneos tampoco los han abordado. Por lo tanto – fase news-

Siguen insistiendo en el bloqueo económico y responsabilizar a ello de la crisis humanitaria indicando que los supuestos para la “crisis humanitaria” dentro del criterio internacional no están establecidos. Algo contradictorio y por lo tanto se debería invitar a quien redactó esta “contestación” a que lea los informes de ACNUR, UNICEF, CEPAL y el FAO. Porque entonces hay algo de lo cual no se están enterando.

Acusan al informe de la ACNUDH de ligereza y le muestran todos los programas que se han ido implementando. Lo cual podría ser un punto a favor, solo que hay que tomar en cuenta que un Programa para el Desarrollo de un Proyecto Social incluye Investigación, Levantamiento de Datos, Implementación, Evaluación y Seguimiento. Ninguno de ellos se ha cumplido de acuerdo a los organismos colaboradores de las Naciones Unidas, los Organismos No Gubernamentales y los informes en general. El proyecto puede estar, su efectividad no necesariamente.

 Niegan el cierre de los medios de comunicación y alegan que las condiciones de renovación no están dadas; contradiciendo las resoluciones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de otras instancias internacionales las cuales han solicitado el restablecimiento inmediato de las concesiones a televisoras y su indemnización –

Pero bueno, bien dicen por ahí que el “Derecho al Pataleo” existe. Sin embargo, las cartas están sobre la mesa y en cualquier momento un Comité Técnico de la ACNUDH llegará a Venezuela. Habrá que esperar cual será el siguiente paso, que no debe tardar en llegar.

“La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano.”  San Agustín.

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Corina Cortes

Abogada. Magister en Derecho Internacional con estudios en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Analista para radio y televisión. Creadora de Agenda Mundo 2.0. Contacto: cortesinternacionalista@gmail.com

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